Los Puritanos Toman la Calle

obsérvense cinco tubérculos contra la LOE manifestándose libremente cada uno porque lo ha decidido según su opinión personal y su libre albedrío porque estamos en democracia...

Existe una perversión del derecho público que consiste en imponer deberes bajo el cobijo de un derecho político inexistente: el “derecho a obligar”. Pudo contemplarse el pasado sábado cuando miles de integristas católicos salieron a las calles de Madrid exigiendo no se sabe qué pamplinas de derechos de la familia y a la libre imposición de la enseñanza religiosa.
Clarifiquemos conceptos. Existen derechos, existen obligaciones e incluso existe la potestad de hacer cumplir deberes. Pero entre la ciudadanía, un “derecho a obligar” nunca se ha visto. Lo más parecido es la división social en castas. Hay que recordar en todo momento que para obligar no hay derecho que valga, para obligar hace falta poder. Expreso (regulado) en el caso del estado, o indirecto y no reconocido en el del Capital.
Los gobiernos controlan los estados gracias a un poder para hacer cumplir obligaciones dentro de un territorio (soberanía), legitimados por el ritual democrático de marras. Pero ni siquiera los cargos públicos tienen “derecho a obligar”. Ellos hacen cumplir obligaciones, las cuales dimanan de las leyes. Cuando un nombre propio abandona el cargo al que la ley otorga el poder, este poder permanece en el cargo y abandona al ciudadano, al nombre propio. Y aún más: cuando un cargo público pretende obligar sin un poder expreso para ello, la resistencia ciudadana no es considerada siquiera “desobediencia civil” pues se interpreta que la obligación, al no partir de ley alguna, nunca existió.
Lo que sí existe en estos casos es abuso de autoridad.
Así pues, no hay nada más aberrante –incluso dentro de una lógica democrática que no comparto como es la democracia representativa- que unos ciudadanos que asumen el papel de poder legislativo y se abrogan el inexistente “derecho ciudadano a obligar”, a imponer obligaciones a otros ciudadanos. Una población que actúa como la suplantación de una mayoría parlamentaria sobre la base de instituciones paraestatales como “la familia” y “la iglesia”.
Me gustaría ver sus caras ante la posibilidad de una democracia directa en donde no se pudiese jugar retóricamente con el derecho y las mayorías tradicionales:
-¡Rápido, huyamos a otro país con un mayor derecho al despotismo!
Un ejemplo claro es esta maldita asignatura de religión; que pase a ser optativa es visto por un amplio sector de la población como la anulación de su “derecho a obligar”. En realidad, la mera opción de religión cristiana y católica, al no existir la opción de otras religiones o de una asignatura tipo “historia conceptual común”, es en sí un agravio comparativo para aquellos que ostentan otras fes. O peor: contra el anterior argumento y ante la infinitud de fes que por ahí fuera existen, aún puede aducirse la conveniencia de la separación entre enseñanza e ideología, sea cual sea la fe que la guía. Ahí estamos algunos.
En Madrid, todos esos cientos de miles de déspotas gritaban en realidad: ¡exigimos nuestro derecho de que se les eduque a Ellos como nos da la gana a Nosotros! (¡Y cómo se les ha educado siempre!)
Esto es lo que ha conseguido el dogmatismo constitucional y democrático: la conversión de las fórmulas positivas, aquellas que debían preservarnos de los abusos de arriba, en nuevas formas de coerción ejercidas también desde abajo.
“Tenemos derecho a obligaros”…
...sólo con eso ya se les entiende todo.