Los alegres Mitos de la Democracia: hoy, la Corrupción

-Vale, te perdono mil millones de deuda, pero acuérdate de lo de las autopistas
-Gracias, chaval. Y no te procupes, diremos que los peajes son culpa de Madrid.







Que los partidos políticos están “corruptos” no es más que una simplificación que refuerza a la clase política “por contraposición”. Un blanqueante de conciencias. Es una afirmación que hace creer a la gente que, en algún lado, en algún tiempo, hubo, hay o habrá políticos honestos, que respondan a los deseos del común. Algo que choca con su constitución como casta y su encaje dentro de unos automatismos en los que los nombres propios son intercambiables y prescindibles. En definitiva, una justificación dialéctica insufrible. Los partidos políticos son, además de un error teórico (la “representación”, siempre la maldita representación) corruptos per se, pues otorgan un poder desmesurado –sí, tal vez temporal, y sí, tal vez fiscalizable pero en cualquier caso desproporcionado- a unos pocos y establecen una línea directa (financiación, promoción de la economía) con el Gran Dinero, gestionado tanto desde los Consejos de Administración como desde los Ministerios. Esta línea no es una contingencia remota o una posibilidad de corruptelas, como se observa hoy con una fingida inocencia, sino el habitual canal por el que el poder se desdobla (y como tal se aprovecha en toda ocasión). La actualidad nos demuestra a diario que la corrupción es la forma normal y deseada de funcionamiento del sistema. Podemos ver, además, que se descompone en dos grandes grupos de atropellos inaceptables: (1) por un lado, los “escándalos” ilegales, sobornos, pagos subterràneos, prevaricaciones y condonaciones sospechosas; y en el otro lado, alejándonos de la moral jurídica impuesta por la lógica de los negocios, (2) los atropellos perfectamente legales, que siguen las ordenanzas y los procesos administrativos y contra los cuales nada puede hacerse, el núcleo más sólido e integrado de corrupción: licitaciones diseñadas ad-hoc, créditos blandos de fomento, donaciones a partidos políticos y –tal vez la más menospreciada pero más efectiva de las influencias- puestos de trabajo pre-jubilación para todos los que se plieguen a unas “pequeñas concesiones” durante su carrera política. Si no quieren creerme, comprueben las actuales ocupaciones de los consellers convergents, de los pasados gobiernos socialistas o del equipo de gobierno de president ansar, por citar algunos de los casos más recientes de abandono del poder institucional.
Hay quien piensa (o que repite) que establecer una regulación para la financiación de los partidos políticos, estableciendo unos cauces suficientes y controlados para el flujo de dinero privado hacia futuras y probables manos públicas, arreglaría todo este desaguisado que hoy trae de cabeza a los comentaristas del debate nacional, que tienen el sorprendente don de sorprenderse a diario ante lo evidente -y lo que está en la mente de todos: que la política representativa apesta-. Por otra parte, los más reformistas y atrevidos, probablemente propongan una legislación que restrinja las donaciones al ámbito particular y prohíba las donaciones corporativas o de grupos de presión. Un esfuerzo inútil pues será hábilmente sorteada por la ingeniería contable y el traspaso inmediato de grandes capitales a cuentas privadas. No hay que ser un lince para advertir que las finanzas readaptan constantemente sus normas para mantener un amplio margen de ejercicio del fraude de ley, esto es: su aplicación maliciosa.
El deseo de una legislación especial y –ojo al demoníaco adjetivo siguiente- ADAPTADA es fruto de una conciencia formada sobre la base de las categorías jurídicas (es decir, un proceso inverso al que reza toda la filosofía del derecho), despreciando toda educación común y toda consideración moral: lo único se conseguiría de este modo es legalizar la influencia del capital en política, hacer que los insumos injustificables pasen por fin a ser legales y transparentes. Quitarle el olor a la mierda, hablando en plata. Supondría ajustar la ley a la realidad y, desde luego, convalidar una obscenidad por la vía jurídica. En fin, nada a lo que no estemos habituados. El habitual problema con la política de Lo Alto y con sus representantes, los partidos políticos.
Pero por favor, por el favor de los favores, no aparentemos escándalo, no hagamos como que esto es algo nuevo. NO: esto no es nada nuevo, es el mismo problema de siempre. No son corrupciones insólitas, escandalosas y noticiables. Es, y perdonen otra vez mi recurso a la escatología, mierda seca que se ha removido y que vuelve a oler.